El expediente técnico del puente Tingo María, que unirá esta ciudad con el distrito de Castillo Grande, en la provincia de Leoncio Prado, está sobrevaluado en un poco más de 6 millones de soles, según un informe de la Contraloría General.

El monto de la obra es de 59 555 770.33 soles, pero la Comisión de Control advirtió que los componentes del expediente técnico de actualización de costos del proyecto que asciende al monto de S/ 6´253,174.32, “no cuentan con el sustento adecuado respecto a los montos globales considerados en el presupuesto de obra, generando el riesgo de sobrevaloración del valor referencial del proyecto”.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente  n.° 956-2019-CG/GRHC-CC,  que ha sido notificado al gobernador regional para que adopte las medidas correctivas pertinentes, no se justifica los costos establecidos en lo referido al componente de expropiaciones por el monto de S/ 2 584 910.82 y al componente de gastos de gestión de proyectos por S/ 323 523.00.

También carecen de sustento los gastos generales fijos y variables por S/ 1 180 000.18 y se considera la construcción de un campamento con S/ 210,724.30 a pesar de que la obra será ejecutada en la zona urbana de la ciudad de Tingo María, donde hay todos los servicios para cubrir las necesidades del personal.

Tampoco se sustenta detalladamente los gastos generales fijos de supervisión (S/ 42 546.00) ni los gastos generables variables de supervisión (por S/ 779 578.00 y por S/ 81 000).

Además, la Contraloría advierte que no solo se ha previsto la adquisición de insumos para la obra fuera de la ciudad, a pesar de que hay proveedores en Tingo María, sino que se ha sobrevalorado el precio del cemento  portland tipo I (42.5 Kg) a S/ 27.65, (IGV, flete, almacenamiento, manipuleo y mermas) cuando en la buena pro realizada por el Gobierno Regional en marzo, adquirió cada bolsa de cemento a S/ 20.49. Aquí se advierte una sobrevaloración de S/ 380 679.52.

Y como cereza del pastel de evidentes irregularidades, los domicilios fiscales de los proveedores que presentaron sus cotizaciones al Gobierno Regional “son viviendas familiares donde no se evidencia actividad comercial vinculada a la venta de materiales de construcción y/o artículos de ferretería. Además, la actividad económica del proveedor que otorgó la cotización de “agregados” es, en realidad, el transporte, alquiler y arrendamiento de vehículos automotores y otros tipos de maquinaria. (Diario Página 3)